Desde el 2022, se desata un complejo combate legal que pone en alerta a JZ Internacional, un coloso del capital riesgo estadounidense, debido a las acciones de sus 2 administradores en España y líderes de Gedesco Finance. Esta disputa se intensifica con una demanda presentada en Valencia contra cinco directivos y sus entidades personales, acusándoles de crear una composición societaria destinada a adquirir el control en en torno a veinte compañías usando inadecuadamente los elementos de Gedesco, de la que JZI tiene un 6733%,, sin su autorización.

Los implicados en la querella son Miguel Rueda y Ole Groth, administradores europeos de JZI; Antonio Aynat, principal creador y CEO de Gedesco, al lado de su entidad Venalta Capital; Javier García Escrivá, asimismo fundador y administrador en Gedesco, y su familiar Ahthophilia Capital; y José Luis Villafranca, el responsable de las finanzas y contabilidad en Gedesco. Se les acusa de desviar cien millones de euros para invertir en, por lo menos, 19 empresas, cometiendo supuestos delitos que van desde la estafa hasta la falsedad contable.

El origen de estas tensiones se remonta a 2007 cuando JZI adquirió una participación mayoritaria en Gedesco. No obstante, el conflicto empieza a formarse en 2016, momento en el que los creadores de Gedesco exploran la venta de su participación en la compañía a JZI, sin llegar a cerrar una negociación formal. Desde ese momento, se manifiesta que se ha hecho un uso indebido de los recursos de Gedesco para identificar y capitalizar oportunidades de inversión mediante una estructura llamada Fuente del artículo 'Trama Stator', constituida por los 4 directivos denunciados y operada mediante una red de doce filiales.

Esta estructura pretendía esconder la auténtica propiedad de las inversiones, con figuras como Máximo Buch, exconseller de Economía de la Generalitat Valenciana, y su socio Ernesto Bernia, figurando como gestores nominales hasta el momento en que se desligan tras salir a la luz las irregularidades.

La detección de estas anomalías por parte de JZI, que incluían operaciones financieras sospechosas y domicilios de sociedades coincidentes, desencadenó una serie de demandas judiciales en 2022, incluyendo una querella en Nueva York contra Rueda y Groth, seguida de múltiples acciones legales en contra del fondo, en un transcurso de menos de un par de meses.

Este ámbito legal prosigue desarrollándose, con recientes decisiones judiciales como la suspensión de las declaraciones de los creadores de JZI por carecer de rastros delictivos, mientras que se desvelan más capas de un conflicto que destaca la complejidad de las operaciones financieras multinacionales y las discusiones entre inversores y administradores en el ámbito del capital peligro..